¿Lo llaman por una deuda que no es suya? No siempre es una simple molestia. La normativa costarricense establece límites al uso de los datos personales en las gestiones de cobro y brinda mecanismos para proteger sus derechos. Descubra qué puede hacer si esta situación le ocurre.

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución N. 01038-2026 del 17 de marzo de 2026, dictada dentro del expediente 15-001272-1178-LA, reiteró criterios relevantes sobre el despido indirecto o despido encubierto cuando el trabajador se ve obligado a poner fin a la relación laboral debido a incumplimientos graves del patrono.

El Tribunal Supremo de Elecciones acordó modificar el funcionamiento de la sección Consultas Civiles de su sitio web con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales y reducir los riesgos asociados al uso indebido de la información registral.

El Consejo Superior Notarial aprobó los nuevos Lineamientos para la aplicación del artículo 15 ter de la Ley N.° 7786 y sus reformas, mediante Acuerdo N.º 9, adoptado en la sesión ordinaria N.º 6, celebrada el día 25 de marzo de 2026 y publicada en el Alcance N. 86 a la Gaceta N. 124 del 6 de julio de 2026, una normativa que actualiza el marco aplicable a los notarios en materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo.

Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45815-JP, publicado en el Alcance N. 74 a la Gaceta N. 107 del 11 de junio de 2026, se reformó el artículo 151 del Reglamento General del Registro Inmobiliario para ampliar el plazo de vigencia de determinados planos catastrados que, por la naturaleza de los proyectos a los que pertenecen, suelen requerir más tiempo para concretar los actos registrales correspondientes.

Resoluciones del Tribunal de Familia, la N.º 00786-2025 del 14 de agosto de 2025 y la N.º 00076-2026 del 30 de enero de 2026, están marcando una importante línea jurisprudencial en materia de Derecho de Familia al reconocer que el adulterio puede generar responsabilidad civil y dar lugar al pago de una indemnización por daño moral cuando se acredita una afectación emocional real y directa en la persona perjudicada.